El MPP en el Senado: rechazamos la reforma de la Ley de Ejecución Penal N°24.660

El Movimiento de Profesionales para los Pueblos intervino el pasado jueves, junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, en la Comisión de Asuntos Penales del Senado de la Nación para expresar los argumentos por los cuales rechazamos la propuesta de reforma de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660. A continuación compartimos la intervención completa de la Dra. Marina Alvarellos en nombre del MPP:

“Desde el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, organización de derechos humanos integrada por profesionales de distintas disciplinas que intervienen ante vulneraciones de derechos de colectivos vulnerables y sectores populares, queremos expresar nuestra preocupación y rechazo al proyecto de reforme de la ley 24660.

En primer lugar, y desde una perspectiva de DDHH, entendemos que las previsiones del proyecto de reforma en discusión resultan regresivas en relación con la normativa vigente, regresión que se encuentra prohibida en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En líneas generales, lo que se propone es una modificación sustancial del fin resocializador de la pena, único fundamento constitucional por el cual el Estado Argentino puede privar de su libertad a una persona, contenido en el art. 1 de la ley actual, fijando como objetivo no sólo la reinserción social de la persona sino también la protección de la sociedad frente al crimen.

Asimismo, se propone una desnaturalización absoluta del principio de progresividad de la pena actualmente establecido en el art. 6, que informa todo el régimen de privación de libertad, eliminando su característica básica que es “procurar limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el prinicipio de autodisciplina”.

Esto se observa también en las modificaciones propuestas respecto de la promoción excepcional a fases del período de tratamiento, endurecimiento de requisitos para la incorporación al período de prueba, endurecimiento de los requisitos para acceder a derechos de soltura anticipada, salidas transitorias y regímenes de semilibertad e incremento de las medidas de control sobre los mismos por parte de la agencia penitenciaria, restricción del acceso a tales derechos para un amplio abanico de delitos, incremento de los supuestos de revocación del arresto domiciliario (medida vinculada únicamente con la dignidad de la detención).

Una modificación de este tenor contradice principios y garantías fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22 del texto constitucional y con instrumentos internacionales de soft law de aplicación en materia de ejecución de la pena.

En particular, el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece con claridad que la finalidad de la pena privativa de libertad es la resocialización y no el castigo de la persona, y el art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poíticos establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados, al igual que el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A la vez, la reforma no recepta los principios de las Reglas Mandela de Naciones Unidas, versión actualizada de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, respecto de las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en el emblemático fallo “Verbitsky” de 2005 en materia de cárceles que se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad”.

Se contradicen también las previsiones de la Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), y Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) pensadas para reducir la aplicación de penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos.

Observamos que la reforma es regresiva en un segundo sentido, en tanto limita las competencias del poder judicial para ejercer un control constante sobre la ejecución de la pena y como correlato amplia el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de la agencia penitenciaria, disminuyendo la determinación de parámetros objetivos para que la persona privada de liberad avance en el régimen de progresividad y otorgando mayor importancia a criterios subjetivos de esta agencia (Esto se observa en el artículo 6 del proyecto, en el nuevo artículo 13 bis, en el artículo 14, en el artículo 16, en el artículo 20, y particularmente en el artículo 28 cuando establece el carácter vinculante para el juez de los informes que desaconsejen la libertad condicional).

Estas previsiones no son ni más ni menos que un retroceso en relación con la jurisprudencia del Sistema Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya doctrina consolidada propende al control judicial de los actos de la administración en general y especialmente de la administración penitenciaria, como surge del fallo Romero Cacharane de la Corte del año 2003, Verbitsky del año 2005, entre muchos otros.

Debe recordarse además que se trata de una institución militarizada cuya democratización es una deuda para nuestro país. La ley orgánica que rige al SPF, por ejemplo, fue sancionada durante un gobierno de facto. Esta reforma, que incrementa el arbitrio del SPF, resulta una contradicción con iniciativas de democratización como la de 2016, que proponía transformar al SPF en una AGENCIA FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE PENAS  como organismo de carácter civil, en lugar de una fuerza de seguridad.

Por otro lado, observamos con preocupación que las restricciones que se proponen en cuanto al acceso de derechos de soltura anticipada incluyen a un muy amplio abanico de delitos, muy disímiles en su naturaleza y que protegen bienes jurídicos muy distintos, entre ellos delitos de extrema gravedad y delitos no violentos, como la siembra de estupefacientes o el contrabando de mercaderías. No se explica cual podría ser el criterio de selección de estos delitos y preocupa que su inclusión es antes una respuesta a un supuesto clamor de la opinión pública que a necesidades genuinas de política criminal, diseñada en torno a criterios técnicos.

Por último, queremos señalar que la consecuencia inmediata e indiscutible de esta reforma, que limita drásticamente el acceso a derechos de soltura anticipada y medidas no privativas de la libertad, no puede ser otra que el aumento de la población encarcelada, lo que agudizará una crisis de sobrepoblación que ya existe, tal como surge del informe 2015 del SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PENA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según este informe la población encarcelada en nuestro país a diciembre de 2015 ascendía 72.693 personas y tal cifra se elevaba a 76.998 si se tenía en cuenta la población alojada en comisarías. Esta es la cifra más alta de la historia argentina y responde a una tendencia creciente e imparable tal como puede verse en los datos comparativos que publica el SNEEP. A la vez, se admite en este informe la sobrepoblación que afecta a establecimientos del SPF –cuya tasa de ocupación al último trimestre de 2016 se encontraba al 98% de la capacidad operativa según boletín estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación, del SPB y de la mayoría de los servicios penitenciarios provinciales.

La sobrepoblación necesariamente conlleva la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad, no sólo a condiciones dignas de detención –en cárceles que hoy en día no respetan estándares mínimos de habitabilidad según la normativa vigente en la materia-, sino también de acceso a educación, trabajo y salud, alimentación adecuada, esparcimiento, contacto con familiares y afectos. Entendemos que, sin dudas, la restricción de derechos de las personas privadas de libertad aumenta el nivel de conflictividad y violencia instracarcelaria e institucional, y la posibilidad de que estos fenómenos se incrementen en el medio libre.

Finalizamos nuestro intervención esperando que los senadores tengan en cuenta todas las observaciones efectuadas desde el Movimientos de Profesionales para los Pueblos, así como las del resto de los expositores, a la hora de tratar este proyecto, de manera de tomar una decisión responsable y respetuosa de los derechos que nuestro país se comprometió a respetar y garantizar y cuya vulneración puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado”.

Posted by MPP – Movimiento de Profesionales para los Pueblos on jueves, 20 de abril de 2017

 

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